Home / Locales / La Justicia le otorga el último plazo a la Nación para que reglamente las indemnizaciones

La Justicia le otorga el último plazo a la Nación para que reglamente las indemnizaciones

El juez federal de Río Cuarto Carlos Ochoa le otorgó al Gobierno nacional un último plazo de cinco días para que reglamente la ley que dispone el pago de las indemnizaciones a los damnificados por las explosiones en la Fábrica Militar de Río Tercero, bajo la advertencia de imponer una sanción económica diaria por el incumplimiento y avanzar penalmente sobre los funcionarios responsables del desacato.

El plazo para la reglamentación de la ley, tras una serie de denuncias por mora de los damnificados, se cumplió el 9 de noviembre pasado y el Ejecutivo nacional hizo caso omiso a la orden judicial que le ordenaba cumplir con el trámite. Sin ese requisito, la ley sancionada por el Congreso en octubre 2015 es inaplicable y los damnificados de Río Tercero no pueden aún adherirse a la norma que dispone un arreglo extrajudicial a todos aquellos vecinos que iniciaron juicios contra el estado por daños morales y psicológicos. Se estima que el estado deberá desembolsar unos 1.000 millones de pesos en bonos de deuda, como lo fija la ley.

El nuevo fallo judicial fue establecido a partir de una reciente denuncia del abogado Mario Ponce, en nombre de la Comisión de Damnificados de Río Tercero, quien reclamó la multa económica y que la Justicia arbitre los medios para que se cumpla la sentencia.

Ante las demoras en reglamentar la ley por parte del gobierno de Mauricio Macri, Ponce presentó un recurso de amparo que tuvo sentencia favorable en doble instancia judicial. La Justicia ordenó la reglamentación de la ley, que debió decretarse a los 60 días de sancionada la norma, es decir a finales del año 2015. La Nación, pese a su mensaje de acatamiento a la ley, en este caso no la cumplió.

Es más. Ante la nueva presentación de Ponce, los abogados de la Nación pidieron la suspensión del plazo, y el juez se la negó.

“La actitud del Poder Ejecutivo Nacional resulta lesiva para los ciudadanos de Río Tercero, que tras haber sufrido el luctuoso acontecimiento del año 1995, continúan 22 años después imposibilitados de percibir sus indemnizaciones”, dice el juez Ochoa en su fallo.